M.C.s. Victor Andrés
Villar Narro
El hecho penoso ocurrido con la familia Flores, el 30 de
octubre del presente año, nos lleva a reflexionar sobre diversas situaciones,
que nos permitimos comentar.
Consideramos
que el supuesto acto de lamentar los hechos violentos del desalojo realizado
por el Ministro del Interior, no han tenido la resonancia necesaria en el
Frente Policial de Cajamarca; pues en el proceso de investigación que es
desarrollado tanto en fuero ordinario, Ministerio Público, como el fuero
especial, Militar Policial, no se comprende al oficial Jefe de Operaciones que
lideró el hecho, y a quien en la mayoría de videos colgados en la red y
publicados por medios locales y nacionales, podemos identificar es quien ordena
al suboficial use la perdigonera.
Respecto
a la competencia del proceso creo que esta finalmente tendrá que desarrollarse
en el fuero militar policial, pues los excesos que han originado la
responsabilidad penal de los involucrados se han realizado en el ejercicio de
sus funciones.
Como
lo afirmo en el párrafo anterior, considero existe responsabilidad penal, en primer lugar, por cuanto la función
de la policía en un desalojo es brindar seguridad al Juez, en este caso la
policía, junto a un grupo de terceros, fueron los que llevaron adelante el
desalojo; en segundo lugar, pues de conformidad con el Manual de Derechos
Humanos Aplicable a la Función Policial, ellos sólo pueden utilizar sus armas
en el caso de peligro inminente de su vida, hecho que tampoco se configura; y
finalmente, por cuanto, oficiales y sub oficiales, saben que un disparo con
perdigones de metal a cuatro metros es letal para la víctima.
Este penoso hecho debe servir para que
desde gobierno central se analice el proceso de formación de quienes en el
futuro van a ejercer la función policial, de los contenidos que se desarrollan
y del tiempo necesario para el desempeño real de sus actividades; a su vez, se
debe reflexionar sobre el proceso de fortalecimiento de capacidades de todas y
todos los efectivos en el desempeño mismo de su función.
Como
Cajamarquino comparto la indignación por un exceso que se llevó la vida de un
ciudadano, y he participado acompañando el sepelio y la marcha, pero como
ciudadano de a pie, no comparto con todos los grupos políticos que han
intentado aprovechar el espacio para hacer presencia política e incluir en este
penoso hecho, otras prerrogativas vinculadas a terceros actores.
Saludo
el hecho de que el Estado busque resarcir a los deudos, esto no es una dádiva o
una generosidad del gobierno, es el derecho que les corresponde a los
familiares por el accionar al margen de la ley de un grupo de personas que en
el desempeño de una función pública les produjeron un hecho dañoso que termino
con la vida de una persona.
