Durante su presentación ante
la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, esta mañana, el
Gobernador Regional de Cajamarca, Porfirio Medina Vásquez, respaldó la
conformación de una Comisión Especial para investigar las cuantiosas
licitaciones referente a las obras de agua y saneamiento aprobadas durante la
gestión de Jesús Coronel Salirrosas, y financiadas por el gobierno japonés, a
través del JICA.
“Nos interesa llegar al
fondo… Desde el año 2011 hemos denunciado posibles irregularidades; sin embargo
ni el Ministerio de Vivienda, ni el Ministerio de Economía y Finanzas hicieron
algo para paralizar la obra”, manifestó Medina.
Recordó que el Gobierno
Regional Cajamarca, a pesar de una serie de restricciones del convenio firmado
entre los gobiernos de Perú y Japón, aplicó una penalidad a BM3 por un monto
cercano a los 17 millones de nuevos soles por incumplimiento en sus
obligaciones, por lo que la conformación de una Comisión Especial es muy
importante para Cajamarca.
El Presidente de la Comisión
Fiscalización del Congreso de la República, felicitó al Gobernador Regional de
Cajamarca, Porfirio Medina Vásquez por la gran voluntad de colaborar con las
investigaciones.
La Comisión Especial está
integrada por los legisladores Julio Gagó, Rubén Coa Aguilar, Esther Saavedra,
Mauricio Mulder, Héctor Becerril, Yony Lezcano, Segundo Tapia y Yehude Simon.
Este último, mencionó que es urgente que el expresidente de la Región
Cajamarca, Jesús Coronel, aclare el proceso de licitación durante su gestión.
EN GESTIÓN DE JESÚS CORONEL
Cabe precisar que, entre
2009 y 2010, la empresa NJS elaboró 11 expedientes técnicos de agua y
saneamiento para igual número de localidades en la región Cajamarca, y
culminada la elaboración, esta empresa se adjudicó la supervisión del proyecto
que ella misma elaboró, convirtiéndose en juez y parte; además de ser partícipe
del comité del proceso de selección para empresas ejecutoras de este paquete de
obras.
En el grupo integrado por
las provincias de Hualgayoc, Chota y Cutervo, ganó la licitación la BM3,
empresa que –como se denunció en su momento– no tenía solvencia ni para pagarle
a su gente; todo con el aval del partido que gobernó la región de ese entonces;
y que, irónicamente, hoy critica al proyecto y hasta habla de corrupción:
Fuerza Social.
Ya el 2011, el gobierno del
MAS buscó remediar esta situación, pero se encontró con que los contratos tanto
con la NJS como con BM3 estaban oleados y sacramentados. BM3 no tenía capacidad
técnica ni financiera para ejecutar las obras, pero ya era tarde. NJS empezó a
aprobar adicionales superiores a los permitidos por la legislación peruana,
pero amparados en el convenio internacional con el Jica.
