El Ministerio Público que ve el caso cuenta un con un informe cuyas conclusiones a las cuales se tuvo acceso; son las siguientes: existen documentos de solicitud de mantenimiento preventivo cursadas al Consorcio SANTEC que no cumplió con su cronograma de mantenimiento preventivo, asimismo la fibra óptica que ingresó a almacén duplica las especificaciones que tiene el municipio que es de 24 hilos y se adquirió de 48, a decir de las conclusiones la única finalidad de suministrar e instalar este cable que no estaba especificado en el expediente técnico, era elevar el presupuesto e incrementar la cantidad de empalme por fusión. Situación que no fue observada por la unidad de informática ni la unidad técnica de Seguridad Ciudadana que debieron haber observado este sobredimensionamiento, ya que ellos saben el tipo de red que utilizan.
El Consorcio SANTEC ha cobrado de manera irregular en la valorización N° 01 S/. 41,515.48, en la valorización N° 02 S/. 12,323.75, en la valorización N° 03 S/. 122,848.76 y en la valorización N° 04 S/. 37,500.00 lo que hace un total de S/ 214,187.99 sin IGV, adicionando el 18% del IGV el Consorcio SANTEC ha cobrado un monto total de S/. 252.741.83 por trabajos y suministros jamás realizados o entregados, con el visto bueno y aprobación, dice el informe; de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Unidad de informática, atentando contra los intereses de la entidad municipal.
Asimismo, los titulares del Consorcio SANTEC identificados como: Edgar Laurente Gómez como jefe del proyecto y Hugo Loza Figueroa como Ingeniero especialista nunca se apersonaron al municipio a desarrollar algún tipo de coordinación, siendo los señores Gilmer Chalán Villanueva y James Warttony Casanova Rodríguez los que si se apersonaron constituyendo este hecho por demás irregular. Estas y otras conclusiones vienen siendo analizadas por la Fiscalía que ve el caso. Hasta el momento el alcalde ni funcionarios relacionados al tema se han pronunciado al respecto. En tanto la colectividad solicita el mantenimiento de las cámaras y el incremento de estas en zonas donde los robos y asaltos son constantes.
Como se recuerda los representantes de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del delito de Cajamarca verificaron que de las 48 cámaras de video vigilancia instaladas en la ciudad solo 17 están operativas, hecho que pone en grave riesgo la seguridad ciudadana de la población.
Los fiscales Johny Díaz Sosa y José Machuca Rojas dirigieron el operativo en las instalaciones de la Plataforma de Video Vigilancia de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Fuente: ECPU
Foto: Ministerio Público
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